Corren los chavos: Botan a comisionados de la CSP para contratar nuevos por $29 mil más

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Los tres Comisionados Asociados de la Comisión de Servicio Público, Jonathan Bonet, Alcides Martínez y Lewis Dorta, denunciaron hoy, que de manera injustificada el actual gobierno de Ricardo Rosselló los despojó de sus puestos.

“El pasado sábado, 30 de junio y en altas horas de la noche en el cierre de Sesión la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara Número 1408, que, entre otras cosas, nos despoja de nuestras posiciones como Comisionados Asociados de la Comisión de Servicio Público, a las cuales fuimos nombrados por un término de 8 años. Esto de manera injustificada y violentando nuestros derechos” expresó Bonet.

El Proyecto al que aluden es uno de Administración que dio paso al Plan de Reorganización sometido por el Ejecutivo que crea la nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público. Esta nueva estructura fusiona la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

“Esta acción por parte del gobierno de Ricardo Rosselló va contra la jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo donde se ha expresado sobre legislación de esta índole. Con anterioridad, el más Alto Foro de nuestro País ha reconocido que posiciones como las que hasta ahora ocupamos tienen un derecho propietario durante el término al cual se es nombrado y confirmado por el Senado. Esto porque ejercemos funciones adjudicativas y cuasijudiciales. Así se ha reconocido a través del tiempo por los tribunales locales y federales sobre este asunto” expresó el licenciado Martínez.

La jurisprudencia más reciente a la cual hacen referencia es el caso del ex Procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, nombrado por el exgobernador Luis Fortuño y quien demandara al gobierno durante el pasado cuatrienio.

En ese momento, el Tribunal Supremo resolvió que el entonces Gobernador, Alejandro García Padilla, no podía destituir al Procurador sin justa causa a través de legislación derogando su puesto, para crear una figura con igualdad de funciones, esto porque el Procurador gozaba de un término al cual había sido nombrado, confirmado por el Senado y ejercía funciones adjudicativas. En esa ocasión, se ordenó la restitución del funcionario y el gobierno perdió ese pleito en los Tribunales.

“Es lamentable, como por mero acto político y porque fuimos nombrados por la pasada administración nos quieren sacar del medio. Peor aun, el Proyecto de la Cámara 1408 dispone que los nuevos Comisionados Asociados que el Gobernador nombrará, van a realizar las mismas funciones que nosotros ejercemos en la actualidad, pero devengando un salario muy superior al que actualmente devengan los Comisionados, esto es sobre $29,000 dólares anuales adicionales al nuestro. Es decir, si esta alegada reorganización es para lograr un supuesto ahorro en las arcas del gobierno, por qué aumentar salarios en plena crisis y a espaldas del pueblo. Esto es una afrenta más a nuestra gente” denunció Bonet.

Los funcionarios indicaron que el Proyecto deja intactas las funciones que los Comisionados Asociados de Servicio Público ejercen en la actualidad, pero que a los nuevos funcionarios que el Gobernador Ricardo Rosselló nombrará se les aumentará el salario equiparándolo al de un Juez Superior.  Eso es anual apróximadamente $89 mil dólares. Mientras, que los Comisionados actuales devengan un salario de $60 mil dólares.

“No hay razón para hacer esto. Nosotros exhortamos al Gobernador a que tome consideración sobre la firma de este proyecto que atenta contra derechos adquiridos. Mientras el Senado supuestamente defendió a los empleados al no aprobar la derogación de la Ley 80, en su final de Sesión legislativa y en la oscuridad de la noche, despide empleados públicos con derecho adquirido sobre sus posiciones.  En la discusión de esta pieza legislativa siempre se dijo que aquí no se iban a despedir empleados públicos, eso está en el record, pero han hecho lo contrario. Fue todo una farsa. Esto es una doble vara y es una acción sumamente reprochable.” sentenció Dorta, también.

Finalmente, los tres funcionarios expresaron que no descartan tomar acción legal en los Tribunales tan pronto el Gobernador estampe su firma al proyecto de ley.

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