Rivera Schatz urge nombramiento de inspector general y que sea de aquí

Rivera Schatz urge nombramiento de inspector general y que sea de aquí

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A un año de haberse aprobado en al Legislatura la creación de esa figura en el Gobierno, hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, urgió al gobernador Ricardo Rosselló a que nomine al Inspector General.

Asimismo, apuntó que para ocupar el cargo “hay puertorriqueños que tienen talento de sobra”. Esto ante el anuncio que un comité se encuentra buscando talento en los Estados Unidos para ocupar ese cargo.

Según el presidente senatorial “su intervención con inmediatez ante la corrupción” representaría en ahorros de miles de millones de dólares, como ocurre con esta figura a nivel federal.

“Yo espero que el señor gobernador nomine al Inspector General, ley que aprobamos a principio de cuatrienio, dándole prioridad a un asunto que es muy importante, pero al día de hoy no tenemos Inspector. Con pena escuchaba yo el otro día a la señora contralora que expresaba que no le hacían caso y que por eso ocurren los casos de corrupción. Sin embargo, el Inspector General es una figura que puede colaborar para mantener la confianza de la gente en sus instituciones. Para cuando haya discrepancias; por ejemplo, como con la Secretaria de Justicia, que haya una figura que pueda mirar y expresarse”, urgió Rivera Schatz, en declaraciones escritas.

De otro lado, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1081, de la autoría del senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero Lugo, para enmendar el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

Esto, con el fin de convertir en derecho de cualquier funcionario o empleado público que denuncie un acto de corrupción, poder solicitar y obtener asesoramiento y/o representación legal gratuita a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o, en su defecto, del Departamento de Justicia, para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que le son otorgadas a los denunciantes de actos de corrupción en el Título IV de dicho estatuto.

“Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio proveer una garantía adicional a todo funcionario o empleado público que haga lo correcto y denuncie este mal que, al final de cuentas nos afecta a todos”, enfatizó Romero Lugo.

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